Abuso sexual y promoción a la corrupción: un joven quedó bajo investigación judicial
Los representantes de la fiscalía solicitaron al juez Mauro Soza que autorice la investigación penal preparatoria de juicio contra un joven de 25 años identificado por las iniciales Y.J.D, imputado como presunto autor del delito de abuso sexual contra una menor de 13 años de edad.
Según consta en la denuncia, los hechos ocurrieron entre los meses de octubre de 2025 y febrero de 2026, en una construcción deshabitada ubicada sobre la avenida 12 de octubre. Asimismo, los investigadores informaron que el imputado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien no cuenta con familia de contención.
Finalmente, el magistrado hizo lugar al pedido de apertura de la investigación en orden a los hechos presentados y la calificación legal provisoria propuesta por el Ministerio Publico Fiscal. Al no existir riesgos procesales (peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación) no se solicitaron medidas de restricción de la libertad contra el imputado. (En cumplimiento de la normativa vigente que preserva la intimidad, seguridad y dignidad de las personas afectadas por delitos de abuso sexual o violencia familiar, omitimos datos filiatorios específicos y resguardamos la identidad de los menores de edad involucrados, priorizando el derecho a la privacidad por sobre el detalle mediático.)
Promoción a la corrupción
El acto judicial se realizó en la sala de audiencias n°1 de la oficina judicial de Sarmiento. En la ocasión, la fiscalía estuvo representada por al fiscal general Rita Barrionuevo y el funcionario Alexis Ubilla. Al inicio de la audiencia los investigadores narraron los hechos y mencionaron los medios de prueba obtenidos hasta el momento.
Con respecto a la calificación legal explicaron que la conducta que se le atribuye al imputado es la de presunto autor de abuso sexual y promoción a la corrupción agravada por ser la víctima menor de 13 años.
En este marco, solicitaron un plazo de seis meses de investigación y la continuidad de medidas de protección en favor de la adolescente. En consecuencia, se dispuso mantener la orden de prohibición de acercamiento y contacto (personal y virtual) entre el procesado y la víctima.
A su turno la Dra. Cintia English (en representación legal de la adolescente) manifestó su adhesión a los pedidos del Ministerio Público Fiscal. Por su parte, la defensora pública Rosa Sánchez, no formuló oposiciones a los planteos de la fiscalía.