Cómo es el proyecto que busca regular las agencias de cobro extrajudicial

El partido Fuerza Por Buenos Aires, liderado por Leandro Santoro, presentó un proyecto para regular las agencias de cobro extrajudicial ante la creciente morosidad en la Argentina, una de las principales problemáticas de la actualidad.

A raíz de no contar con los ingresos suficientes para poder llegar a fin de mes, cada vez más personas toman deudas con distintas entidades crediticias que después se vuelven imposibles de pagar debido al monto y a las condiciones exigidas por los acreedores.

El director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios, Rodrigo Cilenti, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas para dar a conocer los detalles de la iniciativa.

A continuación, los principales pasajes de la entrevista

Noticias Argentinas: -¿Cómo surgió el proyecto, que presentaron con Leandro Santoro, para regular las agencias de cobranzas?

Rodrigo Cilenti: --Nosotros desde el despacho de Santoro habíamos presentado y se aprobó un proyecto de desendeudamiento familiar y a raíz de esa iniciativa a Leandro sobre todo y también por conversaciones que estuvimos teniendo con personas que se acercaban a preguntarnos cómo se iba a implementar esto, empezamos a detectar que había gente que tenía ya un nivel de endeudamiento en el que la posibilidad de refinanciar, por el plazo que llevaban sin pagarlo, se había hecho más complicado: la mayoría nos manifestaba que había cobradores que los llamaban, que los hostigaban.

Ahí nos dimos cuenta que había un problema que no habíamos podido detectar hasta ese momento y nos sumergimos a investigar qué era lo que había en la Ciudad, si había aunque sea un marco jurídico que lo antecediera. Al interiorizarnos, vimos que ya existía la ley 6.171 del 2019 que regula el accionar de agencias de cobranza extrajudicial.

-¿Qué opina sobre la normativa del 2019?

--Es una normativa que sienta un precedente para poder regular, de alguna forma, las maneras en las que se lleva a cabo la gestión de las cobranzas extrajudiciales. Sin embargo del 2019 hasta el año actual, ocurrió la pandemia de Covid, el crecimiento exponencial de otras formas de comunicación u otras formas de financiarse como las billeteras virtuales. Todo eso hizo que ese marco jurídico quedara en desuso o atrasado.

Si bien la ley es correcta, cuando hay una persona que sufrió hostigamiento o ya se cometió algún hecho ilegal en el intento de gestión de cobro, ahí la ley daba algunas herramientas muy laxas para poder tener un cierto control sobre las agencias de cobranza.

Lo primero que pasó fue que en marzo/abril otro compañero de nuestro bloque, el legislador Francisco Caporiccio, presentó un primer proyecto donde apuntaba a modificar la ley original y creaba un programa de acompañamiento/asesoramiento jurídico para víctimas y usuarios del sistema financiero.

Eso para nosotros fue un paso adelante, pero empezamos a ver que, sobre todo en Estados Unidos y México, se llevan a cabo una serie de acciones interesantes ante este tipo de prácticas, como la creación de un registro para las empresas que se dedican a hacer cobranzas y a su vez, el otorgamiento de una licencia que los habilita a hacer este tipo de cosas y que en caso, de cometerse alguna actividad prohibida pueda evaluarse la posibilidad de revocar esa licencia o suspender a esa empresa.

Luego un tercer actor que son los departamentos internos de bancos, entidades como Fravega o Mercado Pago que realizan de forma personal la gestión de cobros y un cuarto actor, y más novedoso, que es el uso de inteligencia artificial con bots para mandar mensajes y generar hostigamiento a través de la mensajería instantánea.

-¿Qué otros problemas pudieron identificar?

--Por un lado, están las agencias que por lo general son estudios jurídicos. No obstante, vimos que también había abogados que de forma independiente hacían ejecuciones de deudas, por lo que acá aparecía un segundo actor que la ley (de 2019) no contemplaba.

Luego un tercer actor que son los departamentos internos de bancos, entidades como Fravega o Mercado Pago que realizan de forma personal la gestión de cobros y un cuarto actor, y más novedoso, que es el uso de inteligencia artificial con boots para mandar mensajes y generar hostigamiento a través de la mensajería instantánea.

Bajo esos cuatro actores que hoy son los que llevan adelante la gestión de cobranzas y que la ley original no los contemplaba, los regulamos y les exigimos una serie de cosas: creación de un registro, creación de licencias, la trazabilidad de cuáles son los medios de comunicación que van a utilizar para contactar a los deudores. Para esto último, le pedimos al acreedor de la deuda original, ya sea un banco o una empresa como Fravega o Mercado Pago, que cuando va a derivar la gestión de cobro lo haga declarando quién lo va a hacer.

Todo esto es por si al usuario eventualmente lo llega a llamar una agencia de cobro. Nosotros no prohibimos la cobranza de deuda, lo que buscamos es otorgar un marco para resguardar la dignidad de las personas.

Por eso, proponemos crear un registro donde los acreedores tengan que declarar a quién le ceden la gestión y el medio por el que van a contactar a los usuarios, de forma tal que los usuarios puedan consultar. Así funciona en EEUU y en México.

-¿Consultaron algún profesional u organismo en particular para la elaboración del proyecto?

--Sí, hablamos con el Colegio Público de Abogados, con la dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad y con la Subsecretaria de Defensa del Consumidor de Nación. En todos los casos encontramos una buena recepción, sobre todo del Gobierno de la Ciudad a través del área de aplicación, que es la dirección de Defensa al Consumidor porque ellos también veían un problema desde su lado de la gestión de control.

Entonces la creación del registro, la identificación de los medios por los cuales los iban a contactar, les permite contar con un universo un poco más controlado y fortalecer así la lógica del control.