El oficialismo quema las naves para frustrar la sesión opositora
Mientras la oposición avanza en el reclutamiento de voluntarios para el quórum, el oficialismo quema las naves para hacer caer la sesión opositora del 15 de octubre en la Cámara de Diputados y así blindar el mega decreto de Necesidad y urgencia 70/23, considerada puertas adentro del Gobierno como la piedra angular de su modelo económico.
En ese sentido se propuso autoinfligirse el mal menor: reponer la Ley de Tierras (que el propio Gobierno derogó a través de un artículo que está siendo revisado por la Justicia hace casi tres años) para quitarle incentivos a los diputados dialoguistas que están pensando en dar quórum al solo efecto de ratificar las restricciones a la extranjerización de tierras.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General (presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio) fue convocado para el miércoles 14 de octubre a las 16 hs (es decir, el día previo a la sesión opositora) con el propósito de discutir la propuesta de incorporar la Ley de Tierras dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que consiguió media sanción en el Senado hace dos meses.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes de La Libertad Avanza en Diputados, el oficialismo está dispuesto a restituir límites porcentuales a la extranjerización de tierras rurales, pero no a convalidar el tope de 1000 hectáreas en las zonas núcleo del país, como estipula la ley original.
El giro del Gobierno
Más allá de plantarse en esa cuestión, la sola idea de poner límites a la extranjerización sólo se explica en función de una lógica de pragmatismo puro y va en sentido contrario al espíritu que imperó en el Gobierno de Javier Milei, que desde un primer momento jugó a fondo para suspender la aplicación de la Ley de Tierras.
Lo concretó a través del decreto 70/23, pero no consiguió el objetivo producto de una medida cautelar ratificada en dos instancias judiciales que dejó en pie la vigencia de la norma.
El Gobierno siguió obsesionado con hacer caer la ley, y lo intentó infructuosamente en el Senado en el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, a través de un capítulo que contenía modificaciones para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros.