La Fiscalía pidió el sobreseimiento de Damiano y Robeta por falta de delito
Luego de analizar la información y evidencias aportadas por la Defensa en la audiencia preliminar, el Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento definitivo de Carlos Damiano y del exsecretario de Bosques, Rodrigo José Robeta, por entender que sus conductas no encuadran en un delito penal.
La decisión se fundamentó en que Damiano cumplió tareas y procuró activamente regularizar su situación, no hubo intención de cometer una estafa contra el Estado provincial. Si bien existieron desprolijidades administrativas, estas se debieron a razones de burocracia, no achacables a Robeta ni a Damiano.
Por el deber de objetividad, la fiscal María Bottini y el procurador de fiscalía Ismael Cerda, requirieron al juez el sobreseimiento de ambos imputados.
El origen de la sospecha
La investigación comenzó tras denuncias gremiales y publicaciones en redes sociales que señalaban a Damiano como un "ñoqui" en la Secretaría de Bosques. Inicialmente, la Fiscalía constató que el funcionario figuraba como Director de Programas y Proyectos, un cargo que legalmente exige asistencia diaria, pero los empleados de la repartición aseguraban no conocerlo.
Sin embargo, con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas pruebas durante la audiencia preliminar cambiaron drásticamente el escenario.
El "Proyecto de Biomasa": La prueba del trabajo efectivo
El punto de quiebre fue la acreditación de que Damiano sí trabajaba para la Provincia, aunque no lo hiciera físicamente en una oficina de Bosques. Se demostró su participación activa en un proyecto estratégico de biomasa, avalado por testimonios clave de ingenieros, funcionarios actuales y registros de reuniones.
El testimonio decisivo de Mariano Arcioni
La declaración del exgobernador fue fundamental para despejar las dudas sobre el dolo (la intención de engañar). Arcioni confirmó ante la justicia que:
Tenía conocimiento directo del proyecto de biomasa y lo consideraba vital para la provincia.
Damiano le había manifestado su imposibilidad de asistir diariamente por motivos personales, llegando incluso a ofrecer su renuncia.
Fue el propio exgobernador quien le pidió que continuara en sus funciones, prometiendo que la administración regularizaría su situación mediante un cambio de categoría a "Asesor de Gabinete" (rol que no exige presencialidad estricta).
Irregularidad administrativa, no penal
La Fiscalía, bajo el principio de objetividad, concluyó que el caso pertenece al ámbito administrativo y no al derecho penal. El desfase entre el cargo que ostentaba formalmente y la tarea que realizaba en la práctica se debió a la "burocracia estatal" y no a un plan para defraudar al erario público.
"No se puede sostener el dolo cuando el imputado solicitó activamente regularizar su situación para que coincidiera con su rol de asesor", explicaron las autoridades judiciales.
Resolución Judicial
El juez de la causa coincidió con el análisis fiscal y dictó el sobreseimiento definitivo de ambos imputados. El magistrado destacó la honestidad del Ministerio Público al reconocer que, tras agotar la investigación, los hechos no se encuadran en un tipo penal.