Lago Puelo: Salió de una tienda, atacó a un transeúnte y su dueño debió pagar 5 millones de pesos
En el marco de una política institucional orientada a la protección de los ciudadanos y a la concientización sobre la tenencia responsable de mascotas, el Ministerio Público Fiscal sumó un importante precedente en la región.
En el día de ayer, se llevó a cabo una audiencia de conciliación en el Juzgado de Paz de Lago Puelo que concluyó con una resolución favorable y una significativa reparación económica para una víctima que había sido atacada en la vía pública por un canino de raza potencialmente peligrosa.
El hecho que originó la intervención judicial ocurrió en horas del mediodía, cuando un transeúnte circulaba a pie por la vereda. De manera imprevista, un perro de raza Pitbull salió sorpresivamente desde el interior de un comercio local. El animal logró acceder directamente a la vía pública debido a la absoluta falta de medidas de seguridad: careciendo por completo de rejas, puertas de contención o cartelería de señalización que advirtiera sobre el peligro. Como consecuencia de esta negligencia, el damnificado sufrió severas heridas por mordeduras.
Reparación económica y salida alternativa
Debido al marco de confidencialidad estricto que rige en los procesos conciliatorios, las autoridades judiciales mantuvieron en reserva las identidades de las partes y el lugar preciso de los hechos. No obstante, desde el Ministerio Público Fiscal se resaltó la efectividad de la resolución adoptada en esta instancia.
Para evitar que el legajo avanzara hacia una sanción legal de mayor gravedad, la parte sindicada como propietaria del animal acordó y efectivizó el pago de una reparación económica de 5 millones de pesos en favor de la víctima. "Esto se da en el marco de una política que estamos teniendo de instruir las contravenciones derivadas de mordeduras de perros, e incluso en casos graves estamos iniciando legajos por lesiones culposas", sostuvo el funcionario Natanael Abad.
Sentar precedente y generar conciencia social
Desde el órgano acusador recalcaron que estas intervenciones persiguen un doble propósito que va más allá del resarcimiento económico. Por un lado, buscan garantizar que los damnificados por ataques de animales puedan tener algún tipo de reparación inmediata ante los daños físicos y psicológicos sufridos.
Por el otro, las autoridades pretenden generar una profunda toma de conciencia en la población local. La instrucción penal y contravencional sistemática de estos episodios busca obligar a los dueños de las mascotas a adoptar medidas de seguridad efectivas dentro de sus propiedades y comercios, evitando así nuevas situaciones de peligro y garantizando la seguridad de quienes transitan por el espacio público.