Madryn: las amenazas de tiroteos en escuelas ya derivaron en allanamientos a menores
La semana pasada dejó en la ciudad algo más pesado que una serie de inscripciones en baños escolares o mensajes que circularon por WhatsApp. Dejó miedo en las aulas, protocolos activados, chicos que no fueron a clases y una investigación penal que ya avanzó sobre dos menores identificados. Ese corrimiento, del comentario alarmante al expediente judicial, es el dato que ahora redefine el caso.
La fiscal Eugenia Botero confirmó en El Quinto Poder por #LA17 que el Ministerio Público Fiscal trabaja junto con la Policía y con la División de Investigaciones porque las amenazas no quedaron concentradas en una sola institución. Según explicó, hubo actuaciones por escrituras en varias escuelas de la ciudad y también por mensajes con la consigna de un tiroteo enviados en grupos de WhatsApp donde participan alumnos. En ese marco, precisó que ya fueron identificados dos menores y que se realizaban diligencias en sus domicilios para buscar posibles armas de fuego y secuestrar elementos informáticos.
La causa, además, no corre solamente sobre el impacto social del episodio, sino sobre una calificación penal concreta. Botero señaló que en algunos casos se investiga por amenazas simples, pero remarcó que las pintadas efectuadas en baños y paredes de las escuelas tienen la connotación de amenazas agravadas, con una pena de 3 a 6 años de prisión. Ahí aparece uno de los puntos más delicados del expediente, porque la fiscal subrayó que se trata de “un delito grave” por todo lo que produjo en la población escolar y en la ciudad.
Ese encuadre cambia también la discusión sobre la edad de los involucrados. La funcionaria explicó que, de acuerdo con la normativa vigente antes de la reforma que entrará en vigor en septiembre, los menores de entre 16 años y antes de cumplir los 18 pueden ser punibles por hechos con penas superiores a dos años.
En esa línea fue terminante cuando aclaró que “los menores de entre 16 y no habiendo cumplido los 18 son punibles” en casos como este, porque la pena prevista para las amenazas agravadas supera ese piso.
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