Semana decisiva para el nuevo Régimen Penal Juvenil
El proyecto que crea un régimen penal reforma penal juvenil ingresó a la Cámara de Diputados y ya entró en la curva de definiciones, debido a que está previsto que el jueves próximo sea votado en el recinto de sesiones.
Según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.
En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.
En la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
Por otra parte, el proyecto tal como ingresó reduce la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, mientras que aquel dictamen situaba la edad mínima punible en los 14 años.
El debate
De todos modos, el consenso actualmente existente alcanza para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, por lo que el dictamen recuperaría ese acuerdo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes cercanas a Laura Rodríguez Machado, la presidenta de la comisión cabecera de Legislación Penal.
Además de la polémica por la edad de imputabilidad, en el régimen especial de minoridad se entrecruzan múltiples planos dimensiones como los tipos de delitos punibles, las sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, los lugares donde cumplir la pena, y las medidas complementarias de resocialización.
El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y pretende fijar un máximo de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.